SANTO DOMINGO. Para algunos panameños, el curso que se le dio a la investigación periodística conocida como “Los Papeles de Panamá”, no fue el más justo, puesto que se habrían obviado algunos aspectos.

Uno de esos panameños es el abogado Luis Guinard, especialista en derecho mercantil, bancario y de propiedad intelectual, que visita el país como parte de los panelistas que realizan la Jornada de Derecho organizada por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), durante esta semana.

Para el abogado, en el tema de los Papeles se dejó de lado lo que, a su juicio, constituye un delito grave: el robo de información.

“Hubo un delito al robar información, pues se revelaron algunas situaciones donde aparentemente había conocimiento de algún tema, y eso sí hay que investigarlo, pero no esa generalización que se hizo”.

No ignora la detención provisional que se hizo en Ginebra de un informático de la oficina de abogados de Mossack-Fonseca, bajo sospecha de que sería la persona que filtró los miles de documentos sobre las empresas en paraísos fiscales que sacó a luz en abril pasado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En mayo pasado, el bufete de abogados panameño Mossack- Fonseca advirtió al consorcio periodístico ICIJ que desistiera de publicar la base de datos de su compañía. Alegaba que la publicación de dicha información constituía un robo y una violación al tratado de confidencialidad entre cliente y abogado, al que estaban llamados a proteger.

Guinard entiende que en todo el tema hubo mucho morbo, y defiende que personas creen compañías con fines de proteger su patrimonio, una actividad que no constituye un ilícito, siempre y cuando se paguen los impuestos correspondientes.

“Creo que este no es un tema fácil, pues hay casos y casos. Pero se creó un ambiente de que todo lo que había era delictual, y eso hay que verlo caso por caso, pues tener una cuenta offshore, no es un delito. No lo es en Panamá”.

Indica que en su país, todo abogado al que le soliciten la constitución de una compañía está obligado por ley a determinar todo lo relativo a los dueños y finalidades de esa sociedad, referencias bancarias y comerciales, y a darle seguimiento a las actividades de dicha empresa.

Recordó que la ley panameña es muy exigente debido a las listas “negras y de muchos colores” en que se colocó a ese país, que le obligó a adoptar una serie de legislaciones dirigidas a poder determinar quién está detrás de una empresa.

Señaló que existe una superintendencia de sujetos no financieros a la cual los abogados están obligados a reportar todas esas informaciones una vez le sean solicitadas, con el agravante de que si no la entregan, se exponen a una multa que puede rondar el millón de dólares. Por ello, entiende que las autoridades fiscales tendrán que estudiar caso por caso.

“Ciertamente, los abogados tenemos que entender que vivimos en un mundo que cambió y que es de transparencia total, donde todo se sabe, y si no se sabe se averigua y todos debemos entender eso”, manifestó Guinard.

“Sentimos que nos trataron un poco mal, sobre todo porque en Panamá se había adoptado una serie de normas, y habíamos salido de la lista gris”.

El abogado cuenta que los panameños también se sienten molestos, por el nombre que le dieron al tema, tomando en cuenta que la mayoría de las compañías que figuran en los papeles no fueron constituidas en Panamá, sino en Islas Vírgenes Británicas.

Otro tema que también se cuestionan es que los recursos que se manejaron con esas compañías offshore no estaban en Panamá, sino en los bancos que sirvieron de intermediarios a las empresas, la mayoría europeos.